El senador Monreal propone que redes como Facebook y Twitter pidan autorización al IFT para poder operar en México, y que el Estado tenga la última palabra para decidir qué cuentas o mensajes deberían ser suspendidas.
Morena aterrizó en una iniciativa de ley su intención de regular en México la operación de redes sociales como Facebook y Twitter, las mismas que el presidente Andrés Manuel López Obrador consideró “benditas” en el pasado, y a las que luego reclamó por suspender la cuenta de Donald Trump cuando todavía como mandatario incitó a la violencia en el Capitolio, acusándolas de censura.
El coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, por fin develó su propuesta de ley, luego de días en los que dio atisbos de ella, en entrevistas y textos en la prensa. Lo hizo a cuatro meses de las elecciones intermedias, y un par de semanas después de que Twitter diera de baja cuentas de usuarios a favor del presidente, supuestamente “por violar las reglas de spam y manipulación de la plataforma”.
Monreal asegura que no hay un intento de controlar las redes con una iniciativa que plantea, entre otras cosas, la posible suspensión de cuentas por mensajes que perturben “el orden público” o ataque a “la moral”, sino que justo se busca defender la libertad de expresión.
“La única forma correcta de proteger el derecho humano de libertad de expresión en el ciberespacio, es la vía legislativa”, señaló.
Sin embargo, en las mismas redes sociales que pretende regular comenzaron a leerse de inmediato críticas de expertos respecto a que la iniciativa es arbitraria, apresurada y una amenaza de censura, que surge desde el brazo legislativo del movimiento de López Obrador.
Y además que surge al vapor, sin un debate amplio, que involucrara a organizaciones de la sociedad civil y en general a voces defensoras de la libertad de expresión, según señalaron especialistas.
Ante los cuestionamientos, Monreal dijo que pospondría tres semanas la presentación oficial de su iniciativa, según reportó el diario Reforma, insistió en que lo único que busca es proteger el derecho de la gente a expresarse y abrió un foro en su página en que la gente puede expresar dudas, sobre su propuesta.
“El art. 175 Quáter es el más peligroso. Es un mecanismo de censura encubierta mediante el cual el Estado le exige a sitios en Internet censurar expresiones en línea bajo conceptos vagos como ‘noticias falsas’, ‘mensajes de odio’ y que ‘se protejan los datos personales’”, alertó Luis Fernando García, director de la Red en Defensa de los Derechos Digitales.
“El proyecto de ley tendría claras implicaciones y riesgos significativos en la libertad de expresión, acceso a la información y procuración de justicia opuestos a los buscados”, acusó en tanto la Asociación Latinoamericana de Internet (ALAI), en un comunicado.
¿Qué propone Monreal?
La iniciativa de Monreal parte de la crítica de que las empresas privadas que son dueñas de las redes sociales -la mayoría de ellas con sus oficinas centrales en Estados Unidos- ejercen su “poder” y “se auto imputan” la facultad de suspender cuentas o eliminar contenidos, cuando consideran que ciertos usuarios violan las reglas que ellos mismos establecen.
“Los más poderosos del mundo son los dueños de Facebook y Twitter”, acusó en una entrevista con el diario El País, por lo que en su iniciativa plantea estos puntos clave:
— Que el Legislativo ponga límite a ese “poder”, estableciendo una regulación para que no sean privados sino el Estado el que fije los criterios con que las redes sociales pueden suspender cuentas o borrar contenido, sin que se vulnere el derecho humano a la libertad de expresión.
— Que cada red social que sea “relevante”, con al menos un millón de usuarios, tenga que pedirle al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) autorización para operar en México, poniendo a su consideración sus “términos y condiciones”.
(Pone al autónomo IFT como el principal árbitro en la regulación de las redes, el mismo Instituto que el propio Monreal propuso desaparecer el año pasado).
— Los términos y condiciones de las redes, según la propuesta, deberán establecer que la suspensión de cuentas o perfiles, la eliminación de contenidos, la cancelación de cuentas o perfiles, serán procedentes “únicamente” por las siguientes causas:
1.- Se acredite que, en términos de los artículos 6º y 7º constitucionales, el mensaje o contenido difundidos, incluidas las noticias falsas, atacan la moral y el orden público, la vida privada y los derechos de terceros, se provoque algún delito o se perturbe el orden público.
2.- Se acredite la afectación a los derechos de las y los menores de edad.
3.- Se acredite la difusión de mensajes de odio.
4.- Se revelen datos personales en violación a lo dispuesto por las leyes de la materia.
— La iniciativa también establece la obligación de las redes sociales de “incluir un mecanismo expedito para recibir impugnaciones de los usuarios en contra de la suspensión de cuentas o perfiles, la eliminación de contenidos o la cancelación definitiva de cuentas o perfiles”.
— Los reclamos por eliminaciones de cuentas o contenidos deberán obtener una respuesta de las redes en 24 horas, dice la propuesta legislativa.
Si no se da en ese plazo, se establece que los usuarios puedan acudir al IFT, para interponer una queja. “El Instituto la analizará y en caso de considerarlo pertinente, ordenará” a la red social que levante la suspensión de la cuenta, o que vuelva a publicar el contenido que fue eliminado.
— Las redes autorizadas, se detalla, “deberán contar con un área especializada en temas relacionados con libertad de expresión y derechos humanos”.
— Además de la intervención del IFT, “por lo que se refiere al uso de redes sociales por sujetos obligados en materia político electoral se estará a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y demás legislación aplicable, y corresponderá su regulación al Instituto Nacional Electoral”.
— ¿Y qué pasa si el IFT considera que las empresas de redes violan la legislación y concluye que están violando la libertad de expresión? La iniciativa plantea multas de hasta 1,000,000 (un millón) de UMAs, 89 millones 620 mil pesos, según el cálculo del diario
