jueves, 18 de marzo de 2021
viernes, 12 de febrero de 2021
Redes sociales: Lo que propone Morena para regularlas y las cr铆ticas a la iniciativa
El senador Monreal propone que redes como Facebook y Twitter pidan autorizaci贸n al IFT para poder operar en M茅xico, y que el Estado tenga la 煤ltima palabra para decidir qu茅 cuentas o mensajes deber铆an ser suspendidas.
Morena aterriz贸 en una iniciativa de ley su intenci贸n de regular en M茅xico la operaci贸n de redes sociales como Facebook y Twitter, las mismas que el presidente Andr茅s Manuel L贸pez Obrador consider贸 “benditas” en el pasado, y a las que luego reclam贸 por suspender la cuenta de Donald Trump cuando todav铆a como mandatario incit贸 a la violencia en el Capitolio, acus谩ndolas de censura.
El coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, por fin devel贸 su propuesta de ley, luego de d铆as en los que dio atisbos de ella, en entrevistas y textos en la prensa. Lo hizo a cuatro meses de las elecciones intermedias, y un par de semanas despu茅s de que Twitter diera de baja cuentas de usuarios a favor del presidente, supuestamente “por violar las reglas de spam y manipulaci贸n de la plataforma”.
Monreal asegura que no hay un intento de controlar las redes con una iniciativa que plantea, entre otras cosas, la posible suspensi贸n de cuentas por mensajes que perturben “el orden p煤blico” o ataque a “la moral”, sino que justo se busca defender la libertad de expresi贸n.
“La 煤nica forma correcta de proteger el derecho humano de libertad de expresi贸n en el ciberespacio, es la v铆a legislativa”, se帽al贸.
Sin embargo, en las mismas redes sociales que pretende regular comenzaron a leerse de inmediato cr铆ticas de expertos respecto a que la iniciativa es arbitraria, apresurada y una amenaza de censura, que surge desde el brazo legislativo del movimiento de L贸pez Obrador.
Y adem谩s que surge al vapor, sin un debate amplio, que involucrara a organizaciones de la sociedad civil y en general a voces defensoras de la libertad de expresi贸n, seg煤n se帽alaron especialistas.
Ante los cuestionamientos, Monreal dijo que pospondr铆a tres semanas la presentaci贸n oficial de su iniciativa, seg煤n report贸 el diario Reforma, insisti贸 en que lo 煤nico que busca es proteger el derecho de la gente a expresarse y abri贸 un foro en su p谩gina en que la gente puede expresar dudas, sobre su propuesta.
“El art. 175 Qu谩ter es el m谩s peligroso. Es un mecanismo de censura encubierta mediante el cual el Estado le exige a sitios en Internet censurar expresiones en l铆nea bajo conceptos vagos como ‘noticias falsas’, ‘mensajes de odio’ y que ‘se protejan los datos personales’”, alert贸 Luis Fernando Garc铆a, director de la Red en Defensa de los Derechos Digitales.
“El proyecto de ley tendr铆a claras implicaciones y riesgos significativos en la libertad de expresi贸n, acceso a la informaci贸n y procuraci贸n de justicia opuestos a los buscados”, acus贸 en tanto la Asociaci贸n Latinoamericana de Internet (ALAI), en un comunicado.
¿Qu茅 propone Monreal?
La iniciativa de Monreal parte de la cr铆tica de que las empresas privadas que son due帽as de las redes sociales -la mayor铆a de ellas con sus oficinas centrales en Estados Unidos- ejercen su “poder” y “se auto imputan” la facultad de suspender cuentas o eliminar contenidos, cuando consideran que ciertos usuarios violan las reglas que ellos mismos establecen.
“Los m谩s poderosos del mundo son los due帽os de Facebook y Twitter”, acus贸 en una entrevista con el diario El Pa铆s, por lo que en su iniciativa plantea estos puntos clave:
— Que el Legislativo ponga l铆mite a ese “poder”, estableciendo una regulaci贸n para que no sean privados sino el Estado el que fije los criterios con que las redes sociales pueden suspender cuentas o borrar contenido, sin que se vulnere el derecho humano a la libertad de expresi贸n.
— Que cada red social que sea “relevante”, con al menos un mill贸n de usuarios, tenga que pedirle al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) autorizaci贸n para operar en M茅xico, poniendo a su consideraci贸n sus “t茅rminos y condiciones”.
(Pone al aut贸nomo IFT como el principal 谩rbitro en la regulaci贸n de las redes, el mismo Instituto que el propio Monreal propuso desaparecer el a帽o pasado).
— Los t茅rminos y condiciones de las redes, seg煤n la propuesta, deber谩n establecer que la suspensi贸n de cuentas o perfiles, la eliminaci贸n de contenidos, la cancelaci贸n de cuentas o perfiles, ser谩n procedentes “煤nicamente” por las siguientes causas:
1.- Se acredite que, en t茅rminos de los art铆culos 6潞 y 7潞 constitucionales, el mensaje o contenido difundidos, incluidas las noticias falsas, atacan la moral y el orden p煤blico, la vida privada y los derechos de terceros, se provoque alg煤n delito o se perturbe el orden p煤blico.
2.- Se acredite la afectaci贸n a los derechos de las y los menores de edad.
3.- Se acredite la difusi贸n de mensajes de odio.
4.- Se revelen datos personales en violaci贸n a lo dispuesto por las leyes de la materia.
— La iniciativa tambi茅n establece la obligaci贸n de las redes sociales de “incluir un mecanismo expedito para recibir impugnaciones de los usuarios en contra de la suspensi贸n de cuentas o perfiles, la eliminaci贸n de contenidos o la cancelaci贸n definitiva de cuentas o perfiles”.
— Los reclamos por eliminaciones de cuentas o contenidos deber谩n obtener una respuesta de las redes en 24 horas, dice la propuesta legislativa.
Si no se da en ese plazo, se establece que los usuarios puedan acudir al IFT, para interponer una queja. “El Instituto la analizar谩 y en caso de considerarlo pertinente, ordenar谩” a la red social que levante la suspensi贸n de la cuenta, o que vuelva a publicar el contenido que fue eliminado.
— Las redes autorizadas, se detalla, “deber谩n contar con un 谩rea especializada en temas relacionados con libertad de expresi贸n y derechos humanos”.
— Adem谩s de la intervenci贸n del IFT, “por lo que se refiere al uso de redes sociales por sujetos obligados en materia pol铆tico electoral se estar谩 a lo dispuesto en la Constituci贸n Pol铆tica de los Estados Unidos Mexicanos y dem谩s legislaci贸n aplicable, y corresponder谩 su regulaci贸n al Instituto Nacional Electoral”.
— ¿Y qu茅 pasa si el IFT considera que las empresas de redes violan la legislaci贸n y concluye que est谩n violando la libertad de expresi贸n? La iniciativa plantea multas de hasta 1,000,000 (un mill贸n) de UMAs, 89 millones 620 mil pesos, seg煤n el c谩lculo del diario
Delito de usurpaci贸n de funciones p煤blicas
El C贸digo Penal castiga el delito de usurpaci贸n de funciones p煤blicas con pena de prisi贸n que puede oscilar entre uno y tres a帽os.
El delito de usurpaci贸n de funciones p煤blicas est谩 contemplado en el art铆culo 402 del C贸digo Penal.
El citado precepto establece:
» El que ileg铆timamente ejerciere actos propios de una autoridad o funcionario p煤blico atribuy茅ndose car谩cter oficial, ser谩 castigado con la pena de prisi贸n de uno a tres a帽os.
La acci贸n t铆pica del delito de usurpaci贸n de funciones viene descrita como el que ileg铆timamente ejerciere actos propios de una autoridad o funcionario p煤blico atribuy茅ndose car谩cter oficial.
Para la concurrencia del delito se exige un elemento subjetivo en el autor de los hechos que viene representado por la intenci贸n de obrar ejerciendo actos propios de una autoridad cuando no lo es, o suplantando o falseando la realidad administrativa que se deriva de la exigencia de un nombramiento ajustado a la normativa funcionarial para poder desarrollar determinadas funciones p煤blicas.
Como se帽ala la Sentencia del Tribunal Supremo de 24 de junio de 1.998, han de concurrir, para la existencia del delito de usurpaci贸n de funciones p煤blicas, los siguientes requisitos:
1潞.- OBJETIVO: el ejercicio de actos propios de una autoridad o funcionario p煤blico, ya sean los atribuidos por una disposici贸n legal o reglamentaria, o aquellos que est谩n en el contexto de las atribuciones cuyo car谩cter oficial se atribuye al sujeto activo del delito.
2潞.- SUBJETIVO: la asunci贸n por el agente de esa funci贸n p煤blica ya sea manifest谩ndolo oralmente o d谩ndole a conocer por actos con capacidad bastante para enga帽ar a una persona o a una colectividad, con conocimiento por el agente de la antijuridicidad de su conducta y voluntad de realizar su irregular actuaci贸n, todo ello en el marco de un caracter铆stico delito de simple actividad que con ella s贸lo se lesionan intereses sociales colectivos y que por ello no precisa para consumarse de otros resultados lesivos.
En definitiva se requiere:
a) El ejercicio del acto propio de una autoridad o funcionario p煤blico.
b) La falta de legitimaci贸n.
c) La atribuci贸n de car谩cter oficial, siendo este elemento el que presta el car谩cter genuinamente propio de una falsedad personal. Volviendo al elemento subjetivo del injusto de este delito, esto es, la decisi贸n del sujeto activo de atribuirse el car谩cter de funcionario oficialmente reconocido, present谩ndose como tal en sus actuaciones de cara al p煤blico, tiene se帽alado la Sentencia del Tribunal Supremo de 18 de mayo de 1.998 que para que pueda surtir efecto y presentar visos de realidad esta atribuci贸n subjetiva es necesario que se exteriorice mediante «actos propios» de una autoridad o funcionario p煤blico de tal manera que el enga帽o que sufre el que se relaciona con el falso funcionario est谩 sustentado sobre la actividad «funcionarial» que efectivamente realiza el sujeto activo de este delito.
Es necesario para que efectivamente estemos ante la realizaci贸n del delito de usurpaci贸n de funciones p煤blicas, que el sujeto activo, en el despliegue de su actividad funcionarial que quiere usurpar , alcance a producir en el sujeto pasivo un enga帽o suficiente, que le haga creer que est谩 ante la autoridad o funcionario p煤blico que se le presenta.
Si no logra enga帽ar o crear en el sujeto pasivo una duda tal sobre si realmente es una autoridad o funcionario p煤blico, que haga inoperante el despliegue de esa actividad usurpadora , no podr谩 decirse que el delito se ha cometido y si la falta de enga帽o o duda es desde el principio, ni siquiera que se ha intentado, no se dar谩 la figura delictiva objeto de acusaci贸n.
SENTENCIA absolutoria delito de usurpaci贸n de funciones p煤blicas
Audiencia Provincial de Granada (Secci贸n 2陋), sentencia 23.02.2015:
» Por lo que se refiere al delito de usurpaci贸n de funciones p煤blicas del art. 402 del C. Penal, la no subsunci贸n de la conducta del acusado Juli谩n (y menos a煤n la del alcalde por supuesta cooperaci贸n necesaria) en esta figura delictiva se asienta en que por ilegal que fuese el acto que dio lugar a su nombramiento y toma de posesi贸n, a partir de ese momento el secretario as铆 nombrado ostentaba oficialmente ese cargo, no se lo atribu铆a falsamente y con capacidad bastante para enga帽ar, que es la condici贸n esencial requerida por este delito de mera actividad para su afloraci贸n t铆pica y que, no en vano, el C贸digo Penal lo regula dentro del T铆tulo relativo a las falsedades».
Iniciativa de outsourcing est谩 'en suspenso'; es poco probable que sea discutida antes de elecciones:
El l铆der de la mayor铆a en el Senado, Ricardo Monreal, dijo que es poco probable que otros proyectos de ley controvertidos que buscan regular la subcontrataci贸n y reestructurar los organismos reguladores independientes de M茅xico lleguen a discutirse y votarse hasta despu茅s de las elecciones de mitad de periodo de junio.
Monreal agreg贸 a Bloomberg News que un nuevo proyecto de ley del Gobierno que favorecer铆a a la Comisi贸n Federal de Electricidad (CFE) sobre los inversores privados requiere un di谩logo con las empresas para aliviar su fuerte oposici贸n y evitar terminar en juicios.
Destac贸 que la legislaci贸n sobre electricidad enviada por el presidente Andr茅s Manuel L贸pez Obrador al Congreso el lunes ser铆a el principal proyecto de ley econ贸mica ante los legisladores en la primera parte del a帽o.
Monreal se comprometi贸 a trabajar con empresas privadas de energ铆a para asegurarse de que la propuesta no entre en conflicto con acuerdos como el acuerdo comercial de M茅xico con Estados Unidos y Canad谩 (T-MEC).
"Vamos a escucharlos y el proyecto de ley se puede modificar, enriquecer y mejorar", dijo Monreal a trav茅s de una videoconferencia el martes, y se帽al贸 que los inversores est谩n amenazando con emprender acciones legales si la ley se aprueba en su forma actual.
"Tengo muchas esperanzas de que sea revisado de cerca y que no viole el T-MEC o la Constituci贸n".
Desde que asumi贸 el poder a fines de 2018, L贸pez Obrador se ha comprometido a dar prioridad a las empresas estatales en conflicto de M茅xico, pese a los operadores privados.
El nuevo proyecto de ley establece qu茅 plantas tienen prioridad en el despacho de electricidad, comenzando con las plantas hidroel茅ctricas de la empresa estatal, seguidas de otras instalaciones gubernamentales. Solo despu茅s de eso, los sitios privados renovables podr铆an suministrar energ铆a a la red.
La propuesta tambi茅n elimina la obligaci贸n de CFE de comprar electricidad a trav茅s de subastas competitivas y pide al regulador energ茅tico que revoque los permisos de autoabastecimiento que no cumplan con ciertas condiciones.
El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) ha calificado el proyecto de ley como una "expropiaci贸n indirecta", diciendo que conducir谩 a una electricidad m谩s contaminante y cara.
L贸pez Obrador, quien se ha enfrentado en repetidas ocasiones con el sector privado, busca mantener su mayor铆a en ambas c谩maras del Congreso durante las elecciones intermedias.
Durante la entrevista, Monreal tambi茅n destac贸 que un controvertido proyecto de ley que el Senado aprob贸 en diciembre para hacer que el Banco de M茅xico (Banxico) compre efectivo a granel de los prestamistas locales est谩 siendo revisado en la C谩mara de Diputados.
No quiso comentar sobre los informes que se hab铆an sacado de la agenda de las principales prioridades.
L贸pez Obrador plante贸 problemas con el proyecto de ley el mes pasado, lo que llev贸 a la especulaci贸n de que se archivar谩. “No est谩 muerto, solo est谩 de parranda”, asever贸 Monreal.
jueves, 11 de febrero de 2021
CACHAN A BOROLAS! DESCUBREN TRANSA DE 50 MIL MILLONES! AMLO YA LO SABE. ESTO CAMBIAR脕 TODO. MEXICO